Indígenas retuvieron y desarmaron a 11 militares por constantes atropellos en Bolívar

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Once militares fueron retenidos por miembros de la comunidad indígena de Araimatepuy, en el kilómetro 74 del municipio Sifontes al sur del estado Bolívar, luego de que los uniformados del Ejército pertenecientes al fuerte de Luepa atropellaran y robaran alimentos, oro y teléfonos celulares a los indígenas de la localidad de San Juan de Venamo, en la frontera con el Esequibo, publica Correo del Caroní.

Por mramirez@correodelcaroni.com

Es la cuarta vez, desde 2011, que ocurre un hecho similar en contra de los atropellos militares. En esta oportunidad, la vicecapitana de Araimatepuy, Roxanne Brown, fue quien comandó la retención de los castrenses, pues el capitán Pasiano Elliman no estaba en la zona.

El hecho ocurrió horas antes de que el presidente de la República, Nicolás Maduro, mostrara en cadena de radio y televisión un par de lingotes de oro que -aseguró- fueron obtenidos bajo métodos ecológicos, sin mercurio y “respetando la madre Tierra”, en extensos suelos tomados por la minería ilegal en los que el Gobierno aspira explotar oro, diamante y coltán bajo el nombre del Arco Minero del Orinoco.

Habitantes de la localidad indígena, que prefirieron mantener su nombre en reserva, contaron que la comisión militar –integrada por 14 uniformados- viajó desde el Fuerte Militar Manikuyá, en Luepa, en la entrada del municipio Gran Sabana, a la comunidad fronteriza de San Juan de Venamo a llevar un teléfono satelital.

Era la tarde del domingo. Estando en la comunidad, “se pusieron a inventar, los paisanos nos contaron que los atropellaron, les quitaron oro, comida y celulares y por eso de inmediato se pusieron en contacto con nosotros”, contó una indígena de Araimatepuy.

Tras cometer los abusos, los militares debían devolverse a pie por una pica de tierra en un trayecto de hasta siete horas hasta la troncal 10. Es el único camino usado para el movimiento terrestre entre Araimatepuy y San Juan.

En medio del trayecto, miembros de la comunidad indígena de Araimatepuy los esperaron. “Los militares intentaron retroceder pero la comisión indígena que estaba esperando hizo su trabajo y los retuvo”, dijo. La retención ocurrió a las 3:30 de la tarde del lunes aproximadamente. Allí los desarmaron, amarraron y llevaron a la comunidad.

De los 14 militares, cuenta una indígena, tres escaparon, de modo que solo 11 fueron llevados hasta la casa parroquial de la comunidad. “La comisión hizo su trabajo pacíficamente, llamaron al jefe militar y revisaron lo que tenían en sus bolsos. Allí había evidencias, había celulares y comida, pero el oro no aparece”.

El comandante a cargo de los militares fue en la noche del lunes a la comunidad a buscar a los uniformados, pero la comunidad lo impidió. “La comunidad está molesta porque no es la primera vez que sucede, por eso no quiso liberar a los retenidos hasta que venga alguien del Gobierno sea ministro o lo que sea, para que resuelvan el problema y se acaben los atropellos”.

El ex alcalde del municipio Gran Sabana y dirigente de la etnia pemón, Ricardo Delgado, aseguró que este tipo de proyectos se han hecho frecuentes, principalmente en comunidades remotas en las que se practica la minería. “Este tipo de abusos no puede existir, sobre todo cuando se ha entregado la actividad minera a los militares”, dijo.

El dirigente justificó la actuación de las comunidades indígenas, al retener a los militares. “Muchas veces se cuestiona por qué los indígenas actúan así, pero la autoridad presente en esa jurisdicción donde se cometen estas atrocidades, son las autoridades indígenas con sus integrantes”.

Minería como vía para sobrevivir

En medio de la crisis económica actual, la indígena destacó que en buena parte de las comunidades se practica la minería como única actividad de sobrevivencia. “A veces los militares suben por el río Cuyuní a cobrar a los mineros, 90 gramas a las máquinas grandes (dragas) y 15 gramas a los pequeños. Si no pagan, amenazan con explotar las bombas y por miedo todos los mineros terminan pagando las vacunas”.

“El Cuyuní no es el río de antes, está sucio, hay muchos mineros en la orilla, es un caos. Nosotros practicamos la minería cuando tenemos una necesidad, usamos mercurio, pero no tiramos esa agua al río y no destrozamos tanto”, señala.

La mujer sostuvo que además de las coimas a los mineros, los uniformados cobran por el traslado de gasolina que, aseguran, requieren para el funcionamiento de las plantas eléctricas.

En la mañana de este martes, los militares permanecían retenidos en la casa parroquial y la comunidad se mantenía reunida con autoridades del Ministerio de Pueblos Indígenas y la Federación Indígena del estado Bolívar, a la espera del capitán general del sector, Luis Miranda.

Otras retenciones

Otras tres retenciones han realizado las comunidades indígenas del estado Bolívar entre 2011 y 2015:

27, octubre, 2011: Un centenar de indígenas desarmó y retuvo a 22 efectivos y oficiales de la Armada y el Ejército en la mina El Tonoro, a 30 minutos de Manaima, en Alto Paragua. Las comunidades indígenas acusaron a los militares de permitir el ejercicio ilegal de la minería, quemarles sus pertenencias y robarles oro.

En enero de 2012, dos meses después del hecho, cuatro capitanes indígenas del Alto Paragua, municipio Angostura, fueron detenidos y presentados ante el Tribunal Militar Décimo Séptimo de Control de Ciudad Bolívar.

7, febrero, 2013: Miembros de 12 comunidades indígenas del sector 3 de Urimán, en el municipio Gran Sabana al sur de Bolívar, detuvieron y desarmaron a 43 efectivos del Ejército, luego de que la Región Estratégica de Defensa Integral de Guayana (REDI Guayana) suspendiera las autorizaciones de vuelo de aeronaves consideradas “ilegales”, que facilitaban el traslado de alimentos y pacientes desde las comunidades remotas del sur de Bolívar.

19, febrero, 2015: Indígenas de las comunidades Ye’kwana y Sanema de la Cuenca del río Caura (municipio Sucre) en el estado Bolívar retuvieron al comandante del Ejército, Gianfranco Giordani Leal, encargado del puesto de control de la localidad de Maripa, municipio Sucre, y a nueve soldados, tras la quema de dos viviendas y otros abusos.