Carlos Tablante Venezuela ¿Estado delincuente o narco Estado?

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thumbnailcarlostablanteostaLa expresión narco-Estado ha tomado fuerza a raíz del veredicto que por unanimidad emitió una corte de los EEUU contra los sobrinos de la pareja presidencial por narcotráfico.

Más que un narco-Estado nosotros consideramos que Venezuela es un Estado delincuente, como lo hemos dicho desde la publicación del libro homónimo en 2013.

Utilizar el término narco-Estado de manera simplista es un error, frente a un problema tan complejo como el tráfico internacional de drogas que es un delito que no tiene fronteras por lo que no se puede hablar de países víctimas o victimarios. Colombia sigue siendo el principal productor de cocaína, EEUU, el mayor consumidor y México el lugar donde operan las peores organizaciones criminales de narcotráfico. Venezuela continúa como país puente con un significativo aumento del consumo que se vincula a otras actividades delictivas.

Esa tercera frontera que existe entre Colombia y Venezuela, donde conviven diversas actividades criminales como el secuestro, la extorsión, el contrabando y otros ilícitos, tiene su base principal de apoyo en la corrupción política a través de información privilegiada, sobornos, tráfico de influencias, etc. Una prueba de ello, es que el contrabando de gasolina se realizaba con la complicidad de efectivos militares. Lo mismo ocurre con el tráfico de drogas. Las fronteras de Venezuela están controladas por la delincuencia organizada y su brazo ejecutor son algunos efectivos de la FAN que se van rotando en las responsabilidades de comando en puntos claves del territorio, generando así poderosas alcabalas que permiten el libre desenvolvimiento de los grupos delictivos a cambio del pago de peajes. Prueba de ello es el caso de Walid Makled que logró penetrar las más altas esferas del poder y que a pesar de los gravísimos señalamientos que ha hecho en cuanto a nexos y complicidades, nada de ello se ha aclarado.

A esto hay que añadir la presencia de las FARC y el ELN y otros grupos paramilitares y la acción de las BACRIM (bandas criminales emergentes de Colombia) que, en la medida que ven reducidos sus espacios en territorio colombiano, realizan un trasvase hacia Venezuela.

Mientras el foco de la represión policial y judicial se dirige contra los consumidores, la mayoría presos sin recibir ningún tratamiento como lo prevé la ley al considerarlos enfermos, los grandes traficantes se mueven con absoluta impunidad porque poseen el poder del dinero.

Si revisamos las cifras del MP veremos que, por ejemplo, en 2010 se registraron 17.090 casos de detenciones por posesión de drogas (en su mayoría consumidores pobres) y por el contrario se realizaron solo 32 aprehensiones por tráfico de drogas.

Es decir, más del 80% de los expedientes por drogas son por consumo donde no hay dinero para comprar protección policial y judicial. No hay una política de Estado de prevención social integral y de tratamiento y rehabilitación, ni tampoco de represión efectiva, es decir, el Estado de lo ilegal se ha hecho más fuerte y se tragó al Estado de Derecho, lo que hemos caracterizado como un Estado delincuente donde una de sus peores marcas es lo que algunos, debido a los últimos acontecimientos, llaman narco Estado.

La corrupción política y la impunidad se han adueñado del país y el autócrata, llámese Chávez o Maduro, han impuesto desde el liderazgo hiper presidencialista un modelo de pensamiento único, de partido único, donde el Estado es el partido y el partido es el Estado.

En esa relación perversa se ha sustituido el Estado de derecho, la legalidad y el orden constitucional por un Estado delincuente (cleptocracia o kakistocracia) que es lo que hemos caracterizado como una mezcla entre el Estado forajido (violador de leyes y tratados internacionales) y el Estado fallido (el que no satisface las necesidades básicas existenciales de la población), lo cual está más que evidenciado en la terrible escasez de medicinas y alimentos, la violencia e inseguridad desbordadas y en general, el colapso institucional que todos padecemos.

Las llaves que le abren la puerta al tráfico de drogas en Venezuela son la corrupción política y la impunidad. El narcotráfico es un componente importante de las actividades delictivas del país, más no el único. En nuestra opinión, el principal es la corrupción política, en la cual se licúan los diversos intereses en base a una relación perversa entre lo ilegal y lo legal. En Venezuela no hablamos de carteles ni de mafias ni de estructuras rígidas porque lo que existen son redes que se relacionan de manera horizontal y vertical, que se hacen y se deshacen de acuerdo a la dinámica del delito en cada caso.

Sin embargo, destacamos la presencia de una especie de partido militar que se ha convertido en una casta corrupta que tiene el control de todas las instituciones desde las que se resguardan las fronteras, los puertos y aeropuertos, hasta las que manejan las finanzas públicas. Es decir, si ha habido empresas de maletín responsables del saqueo cambiario es porque han contado con la complicidad de la GN y el Seniat. La misma ruta y modus operandi utilizadas en este esquema para defraudar al país, seguramente se ha usado también para el tráfico internacional de drogas.

Los sobrinos de la pareja presidencial entraron en el negocio del tráfico de drogas precisamente de la mano de la corrupción política: información privilegiada, sobornos, tráfico de influencias y cobro de comisiones a contratistas y proveedores del Estado, en especial, Pdvsa. Una evidencia más de la corrupción política en el caso de los sobrinos es el contrato otorgado por PDVSA de más de 132 millones de dólares al empresario Wilmer Ruperti y que esté a su vez asumiera el pago de los costosos abogados de la defensa.

Aprovecho para alertar a la pareja presidencial sobre los presuntos vínculos con actividades ilícitas de otros familiares cercanos. Se menciona insistentemente a Nicolás hijo y a otro sobrino, Carlos Erik Malpica Flores, de ser gestores de tráfico de influencias y otras acciones reñidas con la ética pública.

El tráfico internacional de drogas y los homicidios son las caras más visible del maridaje entre la corrupción política y la delincuencia organizada. Las redes delictivas se han apoderado de las principales ciudades. Un ejemplo es la situación de las cárceles del país donde los grupos dirigidos por los denominados pranes coordinan y ejecutan las más diversas y horribles actividades, la mayoría de ellas relacionadas directa o indirectamente con el tráfico de drogas, desde prisiones convertidas en guaridas.

En el proceso de transición y cambio que vive Venezuela hacia un nuevo gobierno, urge tomar medidas como la reforma del Estado, dándole prioridad al sistema de justicia para dotar al país de un verdadero Poder Judicial autónomo, idóneo y capaz de ofrecer seguridad jurídica a todos. Una verdadera carrera judicial que sustituya a los jueces provisorios por jueces titulares respetables. Leyes de financiamiento de partidos políticos y campañas electorales para evitar que el financiamiento con dinero ilícito privatice la política y la someta al dominio perverso de la delincuencia organizada. Creación de un cuerpo policial de élite para la investigación de la delincuencia organizada, sobre todo, para rastrear, ubicar y confiscar los bienes patrimoniales relacionados con el delito. Una unidad de análisis e inteligencia integrada por profesionales idóneos bien remunerados de distintas disciplinas, representantes del BCV, Tesorería, Pdvsa, ministerio de Finanzas, SUDEBAN, entre otros, con recursos suficientes para quitar a las organizaciones criminales su principal fuente de energía y oxígeno que no es otra que el dinero producto de sus actividades criminales.