El comentario de Vladimir Villegas

El comentario de Vladimir Villegas

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En Venezuela vivimos en una creciente debilidad institucional y eso tiene directas consecuencias en la administración de justicia, particularmente en aquellos casos de indiscutible carácter político. Vemos con preocupación que son numerosos los casos en los cuales se practican detenciones y se ejecutan procedimientos sin apego al debido proceso, con lo cual queda en evidencia que se utilizan instancias del Estado, derivadas del orden establecido en la Carta Magna, para castigar la disidencia política y recubrir esas acciones de una dudosa legalidad.

Este es un asunto que nos compete a todos. No solo al liderazgo político. Sobran ejemplos de situaciones absolutamente absurdas. Por citar un caso, la detención de Alejandro Puglia, acusado de sobrevolar un dron. O el de Carlos Melo, a quien se le mantiene tras las rejas pese a que ya fue dictada una medida de libertad con sometimiento a juicio.

Cuando se viola el debido proceso, cuando se utiliza la justicia como mecanismo de revancha o retaliación política no solo se le causa un daño a los víctimas de ese abuso. También se lesiona el marco institucional. Se debilita el Estado de Derecho y de Justicia. Quienes así actúan tal vez lo hacen movidos por la creencia de que ello no va a afectarlos. Craso error. Todas estas actuaciones tarde o temprano traen consecuencias. Si se tuerce la balanza de la justicia todos, incluso los promotores de esas desviaciones, terminamos siendo potenciales víctimas. De ejemplos al respecto está llena la historia de la humanidad.

En una situación como la que vive Venezuela las instituciones no deben sucumbir a ningún factor que las desvíe de su finalidad. Eso vale para casos de personas detenidas injustamente por razones de índole política, pero también vale para iniciativas destinadas a promover la participación de la ciudadanía en en ejercicio de sus derechos constitucionales . No está de más, entonces, reafirmar la necesidad de que se actúe con apego a la independencia de poderes que establece la Carta Magna.